10 argumentos para explorar la viabilidad de un convenio regional sobre derechos de acceso para América Latina Documento elaborado por la Red de Iniciativa de Acceso de América Latina. Agosto, 2011 La Iniciativa de Acceso (The Access Initiative-TAI por sus siglas en inglés) es una coalición global de 150 organizaciones de la sociedad civil que desde hace diez años trabajamos en cuarenta y cinco países del mundo con el objetivo de promover el conocimiento y adecuada implementación del Principio 10 de la Declaración de Río, que establece el compromiso de los Gobiernos de garantizar a la ciudadanía el acceso a la información, a la participación y a la justicia en temas ambientales. El Secretariado Global de TAI es coordinado por el Instituto de Recursos Mundiales (World Resources Institute)con sede en Washington DC. , que ha tenido un gran liderazgo en la creación y continuidad de esta Red. Durante los últimos 10 años, hemos desarrollado herramientas que nos han permitido, conocer el nivel de implementación de estos derechos, evaluando su marco normativo y las prácticas concretas de los Gobiernos, todo esto, a través del trabajo de Coaliciones Nacionales de TAI, conformadas por OSC’s de distintas disciplinas. Como resultado de nuestro trabajo, se identificaron vacíos que necesitan abordarse urgentemente a fin de que exista una mejor implementación del Principio 10, así como una mejora sustancial en la gobernanza ambiental a nivel regional y nacional. Consideramos entonces que el principal foco de la discusión sobre el Marco Institucional para el Desarrollo Sostenible (MIDS) en preparación de la Conferencia de Río + 20 debe centrarse en la gobernanza ambiental a nivel nacional y regional, incluyendo el fortalecimiento de las instituciones, legislaciones y prácticas. Como parte del aporte del trabajo realizado por la Iniciativa de Acceso, proponemos a los Gobiernos se promueva y respalde la creación y desarrollo de un Convenio regional que fortalezca los derechos de acceso, enumerados en el Principio 10. Creemos en la necesidad de avanzar hacia una mayor gobernanza ambiental a nivel nacional y regional. Para lograrlo la implementación efectiva del Principio 10 es fundamental. El primer paso hacia este importante objetivo es impulsar un proceso de consulta entre los Gobiernos de América Latina a fin de explorar la viabilidad de un convenio regional sobre los derechos de acceso consagrados en el Principio 10 de la Declaración de Rio de Janeiro de 1992. Este paso se fundamenta en los siguientes puntos: 1. Los Gobiernos de la región han asumido compromiso político acelerar la implementación el Principio 10 acordado en la Declaración de Río de 1992, el que establece que el acceso a la información, la participación y la justicia en temas ambientales son fundamentales para resolver los asuntos ambientales.
2. El próximo año, se cumplirán 20 años de que se suscribiera esta Declaración y se espera que durante este tiempo los Estados hayan avanzado en su compromiso hacia un desarrollo sostenible, el que supone alcanzar mayores niveles de gobernabilidad ambiental. Es decir, mayores niveles de transparencia, participación y rendición de cuentas. 3. Si bien los Gobiernos han logrado avanzar, promoviendo las reformas normativas para la implementación del Principio 10, (muchas de éstas de conformidad con lineamientos internacionales como Lineamientos parea el Desarrollo de Legislación Nacional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales adoptados por el Consejo de Administración del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en Bali), siguen existiendo importantes desafíos futuros en materia de derechos de acceso que debemos abordar con decisión y voluntad política. 4. A nivel global existe una única experiencia que ha permitido una implementación del Principio 10 de manera efectiva y sistemática: la Convención sobre acceso a la información, participación pública en la toma de decisiones y acceso a la justicia en temas medioambientales (Convenio de Aarhus) de la UNECE. Si bien Europa ha liderado el camino con esta herramienta, la cual ha sido una inspiración para otras regiones, América Latina posee realidades y particularidades que dificultan la implementación plena del convenio, hoy abierto a la adhesión de todos los Estados. Es importante rescatar el espíritu de Aarhus en un acuerdo discutido y negociado a nivel regional para asegurar la inclusión de las necesidades y desafíos particulares de Latinoamérica y brindar a los gobiernos las herramientas necesarias para su efectiva implementación. 5. Los países de América Latina actualmente poseen diferentes niveles de desarrollo y cada subregión está en una posición distinta respecto al nivel de implementación del Principio 10. Por lo tanto, la mejor forma de avanzar en este sentido es a través de acuerdos subregionales y regionales que sean negociados por los países de la subregión/región, definiendo sus propias metas y etapas. Los países de la región de América Latina comparten lazos políticos, culturales y lingüísticos que pueden simplificar las negociaciones para lograr más fácilmente un consenso. 6. Sumado a lo anterior, las Directrices del PNUMA y el Convenio de Aarhus son documentos que establecen estándares, y cada país podrá juzgar los convenios que se negocien en base a estos estándares. Esta situación, originará un interesante proceso de aprendizaje en la región tanto a nivel gubernamental como de la sociedad civil. Esta oportunidad de llevar adelante un proceso regional ofrece sinergias para un uso más efectivo de los recursos humanos y financieros necesarios. 7. El proceso de negociación de un instrumento regional es valioso en sí mismo. Este último elemento caracterizó el proceso de negociación del Convenio de Aarhus, en donde se desarrollo la temática en la agenda política, estableciendo un diálogo con la sociedad civil que no existía con anterioridad, dando una mayor conciencia y capacitación. Muchos países cambiaron sus leyes y procedimientos aún antes de que el Convenio entrara en vigor.
8. Expertos en el área, entre los que destaca Jeremy Wates, apoyan la creación de convenciones regionales sobre los derechos de acceso, mayormente porque una participación sustantiva de todos los países de la región, a nivel gubernamental y no gubernamental, en el desarrollo y redacción del texto del instrumento regional desde el principio, daría la oportunidad de considerar las particularidades de cada región y crear un sentido de propiedad regional. 9. Los Derechos de Acceso deben ser garantizados por ser Derechos Humanos. A su vez, los nuevos desafíos globales, como las amenazas que supone el cambio climático, recuerda la importancia de desarrollar mecanismos de acceso a la información, que permitan una mayor coordinación en la gestión de desastres, en la prevención de conflictos transfronterizos y un mayor intercambio de experiencias en medidas de mitigación y adaptación a nivel regional. 10. Los derechos de acceso mejoran la gobernabilidad ambiental, fortalecen los sistemas democráticos y fortalecen la participación de la sociedad civil para una construcción inclusiva del desarrollo. Es por todo lo expuesto, que solicitamos respetuosamente a usted solicitar a la Secretaría de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) que inicie un proceso de consultas con los gobiernos de la región sobre la posibilidad/relevancia/oportunidad de crear y poner en marcha un instrumento de carácter regional que apoye la labor de los Gobiernos en la aplicación y desarrollo del Principio 10. Atentamente, ARGENTINA Angeles Pereira - Veronica Cipolatti CEDHA -Centro de Derechos Humanos y Ambiente Bolivia Teresa Flores Asociación Prodefensa de la Naturaleza BRASIL Carina Costa Programa de Dereito Medio ambiente, Fundación, Getulio Vargas CHILE María Inés De Ferrari- Andrea Sanhueza – Paula Fuentes Corporación Participa COLOMBIA Margarita Florez ILSA- Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos Gloria Amparo Rodríguez Especialización en Derecho Ambiental de la Universidad del Rosario COSTA RICA Luis Diego Segura Fundación para la paz y la Democracia Patricia Madrigal Cordero Cooperativa Autogestionaria de Servicios Profesionales para la Solidaridad Social R. L. ECUADOR Daniel Barragán CEDA – Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental EL SALVADOR Ana Cecilia Olivares UNES, Unidad Ecológica Salvadoreña GUATEMALA Germán Israel Rodríguez Arana REDFIA Red Nacional de Formación e Investigación Ambiental MÉXICO Gloria Olimpia Castillo Blanco Comunicación y Educación Ambiental S. C. Tomás Severino Ortega Cultura Ecológica A. C. PARAGUAY Patricia Abed IDEA Instituto de Derecho y Economía Ambiental PERU Isabel Calle SPDA Sociedad Peruana de Derecho Ambiental REPUBLICA DOMINICANA César Antonio Vargas Pimentel IDARD Instituto de Derecho Ambiental de República Dominicana VENEZUELA Alexandra Freitas Acceso Ciudadano
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